La decisión del gobierno nacional de recortar transferencias discrecionales a las provincias encendió una fuerte disputa con los gobernadores, que denuncian un “ahogo financiero deliberado”. La medida impacta principalmente en obras públicas, subsidios al transporte y programas sociales cofinanciados, lo que amenaza con paralizar servicios esenciales en varias jurisdicciones.

Los mandatarios provinciales, tanto oficialistas como opositores, comenzaron a coordinar acciones conjuntas y exigen la restitución de fondos que consideran clave para el funcionamiento diario de sus administraciones. Algunos incluso evalúan acudir a la Corte Suprema si no se restablece el flujo de recursos.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida responde a la necesidad de alcanzar el déficit cero y eliminar lo que consideran “privilegios del federalismo extorsivo”. Sin embargo, el conflicto deja al descubierto una nueva fractura en la relación entre el gobierno central y los territorios, en un contexto económico y social cada vez más tenso.