La decisión fue impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, y además, contó con el respaldo del 80% de los participantes de la audiencia pública. La mina Don Ernesto se concentrará principalmente en la producción de talco.

Desde el gobierno provincial destacaron que el proyecto respetará los parámetros ambientales establecidos en la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro. A su vez, remarcaron que la reactivación minera generará cerca de 250 puestos de trabajo directos y más de 600 indirectos, impulsando así la economía local en una zona históricamente relegada.

Sin embargo, sectores ambientalistas manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener la actividad minera sobre los recursos hídricos de la región. Aunque el informe de impacto ambiental fue aprobado, organizaciones aseguran que no se han garantizado controles efectivos a largo plazo. A pesar de ello, la gestión provincial insiste en que el modelo adoptado para Uspallata es “sustentable y equilibrado”, y podría replicarse en otras áreas del oeste mendocino.