Los bloques opositores están organizando sus tiempos para avanzar con el tratamiento del proyecto. Su objetivo principal es lograr un emplazamiento que les permita discutir el proyecto en la comisión correspondiente el próximo 11 de junio. Luego de esa instancia de análisis y debate, planean llevar el proyecto al recinto para que sea sometido a votación.
Los bloques opositores en la Cámara de Diputados están promoviendo un proyecto para asegurar el financiamiento de las universidades nacionales, presentado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta iniciativa busca garantizar recursos estables para mantener la actividad académica, aunque enfrenta resistencia del presidente Javier Milei, quien rechaza incrementos que puedan comprometer el equilibrio fiscal.
El proyecto, apoyado por diversas fuerzas políticas como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el radical Julio Cobos, establece un fondo especial para carreras estratégicas, define los recursos estatales anuales y propone ajustes salariales para el personal docente y no docente. Además, cuenta con el respaldo de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y sindicatos, y fue presentado formalmente en una reunión coordinada por la vicepresidenta de la comisión Blanca Osuna.
Los opositores buscan aprobar un emplazamiento para que entre el 10 y 11 de junio se reúna un plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto, encargadas de analizar el proyecto antes de llevarlo al recinto, donde la votación podría realizarse el 19 o 26 de junio. No obstante, anticipan que, al igual que el año anterior, el presidente podría vetar la ley.
Entre los aspectos clave del proyecto se incluye la asignación progresiva de un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) para las universidades, iniciando en 1% en 2026 y llegando al 1,5% en 2031. También propone un fondo de 10 mil millones de pesos para carreras estratégicas y mecanismos de actualización salarial periódicos según la inflación, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo del personal universitario. La iniciativa ha sido valorada como una respuesta estructural y urgente a la situación presupuestaria del sistema universitario público argentino.






