La Justicia había dictado una resolución que suspendía por un período de seis meses la medida dispuesta mediante un decreto presidencial, en respuesta a los reclamos presentados por distintos sectores afectados.

Tras la decisión judicial que suspendió por seis meses la disolución de organismos vinculados a Vialidad Nacional, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentó un pedido formal ante el Congreso. La solicitud está dirigida a Oscar Zago, presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, con el objetivo de que se derogue el Decreto 461/25, el cual ordenaba el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Desde el gremio, liderado por Graciela Aleñá, advirtieron que el decreto se sustenta en informes sin validez del Ministerio de Desregulación, y señalaron que no especifica qué organismos asumirán las funciones actualmente desarrolladas por la Dirección Nacional de Vialidad. Según el planteo, el texto presidencial solo detalla cuestiones administrativas, como el traspaso de bienes muebles e inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sin aclarar quién se hará cargo de las tareas operativas y de control vial.

El sindicato también alertó sobre las consecuencias de esta medida, argumentando que lejos de optimizar el funcionamiento estatal, el cierre de estos organismos representa un serio retroceso para la infraestructura nacional, la integración territorial y el concepto mismo de soberanía. Mientras tanto, la Comisión Bicameral deberá evaluar el decreto presidencial, que podrá ser derogado si es rechazado por ambas cámaras. Por su parte, el Gobierno anunció su intención de apelar el fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2, que fue el que concedió la medida cautelar.