Gabriel Romero, titular de Emepa y uno de los empresarios más relevantes en los sectores ferroviario y de dragado del país, es un protagonista central en la Causa Cuadernos. Tras admitir haber pagado coimas por US$600.000 para obtener un decreto que beneficiara a su empresa Hidrovía, ahora intenta evitar el juicio oral mediante una compensación económica de más de $510 millones.

Su testimonio como arrepentido fue clave para la investigación, que expone un entramado de corrupción ligado a concesiones estratégicas y retornos ilegales a funcionarios públicos.

Romero concentra sus negocios en los ferroviarios, controlando varias líneas a través de Ferrovías; en la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para el transporte del 20 % de la carga nacional; en publicidad urbana, mediante PC Vía Pública; y en turismo, como propietario de las estancias y cabañas “Don Benjamín” en Buenos Aires.

El empresario detalló ante el fiscal Carlos Stornelli que realizó dos pagos de US$300.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner firmara la extensión de la Hidrovía. También admitió entregar un 15 % de los subsidios al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y un “retorno adicional” anual de US$500.000 para mantener la concesión de Ferrovías.

Pese a su confesión, Romero se suma al grupo de 40 empresarios que buscan evitar el juicio oral, previsto para el 6 de noviembre, ofreciendo la denominada reparación integral. De ser aceptada por el tribunal, esta estrategia le permitiría eludir una posible condena, aunque enfrenta la oposición de la UIF y la fiscalía, que cuestionan la propuesta.