La resolución judicial obliga a ejecutar arreglos urgentes en el tramo que une Bariloche y El Bolsón, incluyendo baches, deformaciones y banquinas en mal estado. Además, fija plazos estrictos para presentar un diagnóstico completo y un plan de mantenimiento, marcando un precedente en favor de la provincia frente a los incumplimientos del Estado nacional.
El fallo judicial generó un movimiento inmediato dentro de los organismos viales nacionales, que ahora deben responder bajo supervisión estricta. La situación del corredor cordillerano era objeto de quejas reiteradas por parte de municipios, cámaras turísticas y transportistas, quienes advertían que el deterioro acumulado comprometía tanto la seguridad como la actividad económica de la región. La resolución vino a poner un límite claro a esa inercia y a establecer responsabilidades concretas sobre la administración del tramo.
Desde la provincia remarcan que la decisión no surgió de un reclamo aislado, sino de una serie de advertencias formales que habían sido elevadas sin obtener respuestas satisfactorias. Los equipos técnicos venían relevando el estado del asfalto, la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de intervenciones sostenidas, elementos que terminaron configurando una situación considerada crítica. Con este pronunciamiento, la Justicia reconoce esa evidencia y obliga a modificar la dinámica de actuación nacional.
El impacto institucional de la medida también fue destacado por especialistas en derecho administrativo. Señalan que el caso podría convertirse en referencia para otras provincias que enfrentan demoras o incumplimientos en rutas nacionales bajo su jurisdicción. El enfoque utilizado por el tribunal —centrado en la protección de derechos básicos como la seguridad vial y la circulación— abre un camino para que las jurisdicciones reclamen con mayor respaldo jurídico ante situaciones similares.
En el plano operativo, la resolución establece que los trabajos urgentes deben iniciarse sin dilaciones, mientras se avanza en un diagnóstico técnico que detalle daños, prioridades y tiempos de ejecución. Este relevamiento, que deberá ser presentado en plazos breves, permitirá definir un esquema de mantenimiento que pueda sostenerse en el tiempo y evitar que el corredor vuelva a caer en el deterioro que hoy motiva la intervención judicial.
La comunidad local, por su parte, recibió la noticia con expectativa. Comerciantes, operadores turísticos y vecinos de ambas ciudades ven en esta decisión una posibilidad concreta de mejorar un tramo clave tanto para la vida cotidiana como para el tránsito regional. Si Nación cumple con los plazos y ejecuta las obras previstas, el corredor podría recuperar estándares mínimos de seguridad y transitabilidad, dando respuesta a un reclamo que llevaba años sin encontrar soluciones efectivas.
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